Espediente regulación empleo

 La nueva ley de despido colectivo en España ha hecho que esta acción, hasta hace no demasiado una herramienta para lograr la supervivencia de la empresa, se ha convertido en una forma más para que las compañías suelten lastre sin necesidad de sufrir altos costes durante el proceso. Malas decisiones empresariales son, con la nueva reforma, un error que no tiene por qué pagar la empresa sino los trabajadores. ¿La consecuencia directa? Las empresas españolas no tienen por qué profesionalizarse ya que las consecuencias de una mala gestión pueden cubrirse con este tipo de nuevas herramientas legales.

Hace poco comentábamos una de las consecuencias de esta falta de criterio a la hora de elegir a los directivos y mandos de responsabilidad: el hecho de que las mujeres no tengan una representación similar al número de personas preparadas para este tipo de puestos (medidas en licenciados, más que nada porque es una buena forma de ver el peso que deberían tener en este ámbito).Evolución ere

La nueva reforma en términos de despidos colectivos, anteriormente conocidos como Expedientes de Regulación de Empleo, permite a los empresarios cubrir sus carencias, por lo menos en parte, despidiendo a trabajadores de forma unliateral para ahorrar costes. Este tipo de actuaciones se están multiplicando en los últimos meses; casos como el de Coca-Cola u otros muchos que se están dando en la actualidad, son un reflejo de la falta de criterio y profesionalidad del departamento de Recursos Humanos. Este hecho, unido a una dirección llevada a cabo por personas con infracualificación, es el causante de la mala situación de muchas de las compañías.

Dice la normativa en el artículo 51.1 ET que:

 Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Lo que significa, en primer lugar, que no es necesario que una empresa tenga pérdidas para poder realizar un despido de estas características. Debe quedar patente que una empresa que cumpla estos requisitos es posible que necesite una reestructuración, de hecho es más que probable, pero no debemos olvidar que esta facilidad para adherirse a esta posibilidad puede conllevar lo antes comentado. Todo ello sin tener en cuenta que es posible que haya trabajadores y, en general, una sociedad detrás, que vea con malos ojos un despido barato cuando la empresa en sí misma prevé tener ganancias ese mismo año, tal y como ha quedado patente en los dos casos antes mencionados.

De la misma manera la normativa, en caso de que no haya consenso con los trabajadores dentro de las condiciones del despido colectivo, establece que:

 Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la solicitud.

Lo cual aumenta todavía más esta facilidad y proporciona a la empresa una herramienta unilateral de decisión que pasa por encima de muchas personas y de la legitimidad que la coyuntura que está viviendo puede darle.

Al final estos bajos costes de despido, un hecho que no se repite en muchos de los países más desarrollados dentro de la UE, sirve de lastre a la profesionalización que España debería vivir aprovechando la coyuntura actual.

Imagen de cabecera de iratxepikaza.com